Cómo la Ley Camino a la Vivienda te ayuda a comprar casa

El Sueño Americano siempre ha tenido como piedra angular la certeza de un hogar

propio. Sin embargo, en muchos estados del país, esa promesa se ha convertido en un

lujo inalcanzable.

Un récord histórico de 22.7 millones de hogares inquilinos en Estados Unidos están

financieramente "asfixiados" por la vivienda, de acuerdo con un estudio de la

Universidad de Harvard.

Esto significa que casi el 50% de todos los inquilinos del país destinan más del 30% de

sus ingresos mensuales exclusivamente a pagar el alquiler electricidad, gas y agua.

Esto es especialmente grave en estados como California.

Por eso es de aplaudirse que legisladores demócratas y republicanos sumaron

voluntades para aprobar esta semana en Washington la 21st Century ROAD to

Housing Act (Ley de Camino a la Vivienda del Siglo XXI).

La ley contiene 5 pilares robustos que buscan reducir el costo de la vivienda, de

manera directa e indirecta:

1. La ley crea un fondo de ayuda directa no reembolsable de hasta 25,000 dólares

destinados al pago inicial de la hipoteca para compradores de primera generación

(aquellos cuyos padres nunca tuvieron una propiedad).

Asimismo, obliga a las agencias de crédito a reconfigurar sus algoritmos para que

pagar el alquiler puntualmente sume puntos a la hora de pedir una hipoteca, a fin de

democratizar el acceso al crédito.

2. Prohíbe que corporaciones, fondos de inversión y firmas de private equity con

activos superiores a los 50 millones de dólares sigan devorando viviendas unifamiliares

en zonas de alta demanda.

3. La ley destruye las barreras invisibles de la segregación urbana. Obliga a las

municipalidades a erradicar el viejo modelo de zonificación exclusiva para casas

unifamiliares, permitiendo por ley la construcción de viviendas de densidad media

(como dúplex o apartamentos accesibles).

Cualquier nuevo proyecto residencial que supere las 10 unidades deberá reservar el

20% de su espacio a alquileres asequibles para familias de ingresos bajos o medios.

4. La inestabilidad del inquilino llega a su fin con una suerte de "Carta de Derechos del

Arrendatario". La ley prohíbe los desalojos sin causa justa (sólo serán posibles por

impagos reales o uso propio del dueño) y establece que las alzas anuales de los

alquileres en manos de corporaciones no podrán superar la inflación local más un 5%,

con un techo absoluto del 10%.

5. La legislación entiende que una casa no es digna si arruina a su inquilino con las

facturas de la luz o el gas. Todo edificio financiado con fondos públicos deberá cumplir

con el estándar de "emisiones netas cero". Para no ahogar a los propietarios

vulnerables, el Estado financiará hasta el 85% de las reformas de transición energética

como por ejemplo paneles solares.

La ley no es una bala mágica que resuelve de la noche a la mañana la crisis de

asequibilidad de vivienda. Pero representa un cambio de modelo total. Deja atrás la era

de la desregulación para inaugurar un urbanismo más justo: más verde, menos

corporativo y diseñado para proteger la economía doméstica frente a las crisis globales.

La vivienda vuelve a ser un derecho antes que un activo financiero.