Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

La noticia corrió como pólvora. La administración Trump develó esta semana una iniciativa sin precedentes: una oferta de 1,000 dólares y boleto de avión gratuito a cualquier persona indocumentada que acepte “auto deportarse” de Estados Unidos.

“Vamos a tener un programa de auto deportación, donde ellos mismos se vayan de nuestro país… Si creemos que son buenos, que son el tipo de personas que queremos en nuestro país, les daremos una vía más fácil para regresar. Pero si no lo hacen y los tenemos que sacar después del plazo, entonces no regresarán nunca”, explicó el presidente Trump.

La explicación oficial es que se busca ahorrar dinero y agilizar las deportaciones. Actualmente al gobierno federal le cuesta más de $17,000 dólares detener, recluir y expulsar a cada migrante, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lo que no se dijo en el anuncio oficial es que la administración sigue por debajo de sus ambiciosas metas de detención que le permita cumplir la promesa de la mayor iniciativa de deportación de la historia.

La realidad es que la ley migratoria de Estados Unidos está atrapada en una arquitectura del siglo pasado.

No responde a las necesidades urgentes de mano de obra intensiva como en a agricultura, ni a la demanda de innovación globalizada.

Mientras el mercado pide flexibilidad, agilidad y talento, el sistema ofrece burocracia, cuotas fijas y una muralla política casi infranqueable.

La base del sistema migratorio prioriza la reunificación familiar por encima de criterios económicos.

Esto ha generado un desbalance: mientras las empresas necesitan trabajadores en ambos extremos del espectro (campo y Silicon Valley), el sistema no está diseñado para responder a esas necesidades.

Además el sistema en cuotas es mayormente rígido. Por ejemplo, las visas H-2A para agricultura o H-1B para alta tecnología no se ajustan en tiempo real a la demanda económica. El tope de 85,000 visas H-1B se agota cada año en días, mientras que la agricultura depende de un proceso lento, estacional y poco flexible.

Tampoco existe una vía clara y amplia para que un trabajador agrícola o un profesional tecnológico pueda obtener una legalización directamente por sus contribuciones laborales.

Por si fuera poco, las leyes actuales no facilitan la migración temporal ni permiten regresar fácilmente sin perder derechos. Muchos migrantes no ven otra opción más que quedarse permanentemente, incluso si originalmente solo buscaban trabajo estacional.

A punto de que se cumpla el 40 aniversario de la amnistía de 1986, ningún intento serio de reforma integral ha superado la polarización en el Congreso. Y cualquier intento de ampliar visas laborales se asocia con “amnistía” y genera rechazo, especialmente en años electorales.

Es posible que la oferta de $1,000 dólares sea atractiva para algunas personas. Pero difícilmente se trata de una política que remedie las enormes piedras estructurales y políticas que se requiere mover para contar con una política migratoria, racional, moderna y humanitaria.