Por José López Zamorano
Para La Red Hispana

Recientemente, el presidente Donald Trump declaró que su administración está viendo “la posibilidad de hacer algo donde, en el caso de agricultores buenos y responsables, puedan asumir la responsabilidad por las personas que contratan. Porque no podemos dejar que las granjas se vayan a la quiebra”.

En otras declaraciones ha incluido también a los trabajadores del sector de hoteles y restaurantes.

Sus palabras revelan algo importante: una oportunidad de encontrar soluciones reales que reconozcan la verdad que todos conocemos: gran parte del campo estadounidense se sostiene gracias al trabajo de los inmigrantes, muchos de ellos latinos e indocumentados.

Aunque en 2023 los inmigrantes fueron menos del 19% de todos los trabajadores en EE. UU., desempeñaron un papel fundamental en sectores clave: representaron casi el 24 % del personal en preparación y servicio de alimentos, y el 38 % en agricultura, pesca y silvicultura, según datos del Censo.

Hasta ahora no se da a conocer algún programa de alivio específico, pero se trata de un reconocimiento que hizo durante la pandemia de COVID, cuando el presidente Trump los designó “trabajadores esenciales”.

En efecto, miles de familias latinas han contribuido con sudor y esfuerzo al desarrollo del campo en Estados Unidos. Desde California hasta Carolina del Norte, su trabajo no solo alimenta al país, también sostiene economías locales enteras.

Sin embargo, muchos lo hacen sin protecciones legales, en constante incertidumbre y temor.

La propuesta de permitir que agricultores puedan respaldar legalmente a los trabajadores es un acto de sentido común. Es un paso hacia un sistema que reconozca la realidad del campo, que dé seguridad a quienes trabajan, y que ofrezca reglas claras a quienes producen.

Este tipo de medida puede traer beneficios para todos. Para el agricultor, que podrá operar con legalidad y estabilidad. Para el trabajador, que podrá tener derechos, protección y dignidad. Y para el país, que necesita una cadena de alimentos fuerte, justa y resiliente.

Por eso fue bien visto por granjeros el anuncio de una pausa a las redadas en granjas, hoteles y restaurantes. Solo para ser seguida por confusión cuando se anunció unos días después que esa instrucción había sido cancelada y que continuarían las redadas en esos sectores.

De acuerdo con la agencia AP, “la ambigüedad ha desconcertado a las empresas que intentan comprender la política real del gobierno. Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense para la Inmigración Empresarial, afirma que ahora ‘hay miedo y preocupación una vez más’. ‘Esa no es forma de dirigir un negocio cuando los empleados están en este nivel de estrés y trauma’”.

La agricultura no puede florecer mientras sus raíces viven con miedo. Es hora de cambiar eso. Por eso tiene razón el presidente cuando afirma que no se puede permitir que las granjas vayan a la quiebra, pero también es importante que toda reforma incluya garantías y que idealmente se haga extensiva a otros sectores.

Se requiere una supervisión del programa, salarios justos, condiciones dignas, y mecanismos para denunciar abusos sin miedo a represalias. Porque no se trata solo de “ayudar sin castigar” a los empleadores; sino de dar condiciones justas y humanas a quienes han sostenido a sectores económicos clave desde las sombras.