Maribel Hastings

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) repartirá $608 millones de dólares para que los estados construyan centros de detención de inmigrantes, mientras dicha agencia enfrenta severos recortes en sus programas de preparación y respuesta rápida ante los desastres naturales que cada vez son más intensos.

Aunque el dinero proviene de un fondo que originalmente buscaba asistir a los estados ante el influjo de inmigrantes que se disparó hace poco más de un año, es insólito que ahora que se reduce el presupuesto de la agencia en casi mil millones de dólares en fondos para asistir a los primeros socorristas a nivel local, se destinen $608 millones de FEMA para centros de detención.

Centros que cuestan millones de dólares operarlos pero están plagados de problemas: sobrepoblación, instalaciones y alimentos deplorables, falta de acceso a cuidados médicos y denuncias sobre violaciones al debido proceso, al derecho a contactar familiares y abogados, así como instancias de malos tratos y violencia.

Aparentemente el centro de detención de los Everglades, en Florida, cruelmente denominado el “Alcatraz de los Caimanes” es el modelo que el gobierno de Trump busca que otros estados emulen. Un centro que tendrá un costo operacional anual de $450 millones de dólares anuales pero los inmigrantes denuncian violaciones de derechos humanos, un calor asfixiante, falta de agua potable, insectos, y gusanos en la comida, por nombrar algunos.

Hay que vivir bajo una piedra para no darse cuenta de que los desastres son cada vez más intensos, ya sean por inundaciones repentinas, tormentas, huracanes, tornados, incendios y terremotos, entre otros.

El cambio climático y su efecto en los desastres y por ende en nuestras vidas diarias y en la economía, son una realidad ineludible. En fechas recientes se han suscitado eventos mortales, como la crecida del Río Guadalupe, en Texas tras unas lluvias intensas. Hubo 136 muertos. Las críticas a FEMA no se hicieron esperar por su burocracia y por la falta de personal para responder adecuadamente, aunque el director interino lo niega.

En septiembre de 2017 me tocó vivir el huracán María en Puerto Rico y doy fe de la importancia de FEMA para encarar la crisis inicial y las labores posteriores de reconstrucción, con todo y los problemas que aquejan a la agencia, que son muchos, sobre todo la asfixiante burocracia para liberar los fondos.

Sin duda, los recortes que se contemplan e incluso la potencial desaparición de FEMA para que sean los estados los que manejen sus propios desastres, como desea Trump, atentan contra la seguridad de la ciudadanía.

Y es más indignante porque la ley de gastos que Trump promulgó le concede a ICE un presupuesto tan grande, 75,000 millones de dólares, que es la agencia mejor financiada entre todas las agencias policiales del gobierno federal.  De esa cifra, un total de 45,000 millones se destinan a centros de detención con miras a cumplir con la meta de Trump de deportar un millón de inmigrantes anualmente. ¿Por qué entonces se destinan fondos de FEMA para abrir centros de detención?

Según el reporte de TRAC, hasta el 13 de julio, 58,816 inmigrantes están en centros de detención de ICE y casi el 72% no tiene historial delictivo.

Con su bonanza de fondos, 62% mayor que el presupuesto de todo el sistema carcelario federal, ICE pretende detener a 116,000 inmigrantes diariamente, según el American Immigration Council.

Otros $30,000 millones de dólares permitirán la contratación de 10,000 agentes de ICE adicionales a los 20,000 que hay al presente implementando el plan de deportar un millón de inmigrantes anualmente.

Esto es solo ICE porque el presupuesto total para las agencias migratorias es de $170,000 millones de dólares que incluyen casi $47,000 millones para el inútil muro de Trump en la frontera.

Mientras se derrochan fondos para aterrorizar a la comunidad inmigrante y a sus familiares ciudadanos con las deportaciones masivas que también afectan nuestra economía, la ley presupuestaria reduce los fondos de Medicaid permitiendo que entre 12 y 17 millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica; y 22.3 millones de familias perderán parte o toda su asistencia nutricional o SNAP.

Son las incongruencias de nuestra inmoral política migratoria.