Aprobada reforma que redefine infracciones y multas en aduanas
México endurece su Ley Aduanera: vigilancia digital, sanciones más severas y un nuevo consejo podrían redefinir cómo operan las aduanas y el comercio formal
Diputados aprobaron el 7 de octubre de 2025, en lo general, una reforma a la Ley Aduanera que endurece las condiciones para operar legalmente en los recintos fiscales del país. La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece vigilancia digital obligatoria y un nuevo esquema de sanciones las cuales ha despertado inquietud en el sector de comercio exterior.
El dictamen aprobado modifica 65 artículos, añade 44 y deroga nueve con la nueva reforma. Entre los cambios más relevantes para las empresas se encuentra la creación del Consejo Aduanero, un órgano que decidirá sobre la entrega, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones aduanales. El consejo estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual centraliza decisiones clave del funcionamiento aduanero en una sola autoridad.
Patentes con vigencia de 20 años deberán certificarse cada tres, según la reforma. Asimismo, se prevén multas severas para quienes permitan la salida de mercancías sin cumplir formalidades, afectando directamente a operadores logísticos y empresas importadoras las cuales dependen de recintos fiscalizados estratégicos. También se redefinen los criterios bajo los cuales se considera cometida una infracción aduanera, lo que implicará nuevos desafíos de cumplimiento normativo para el sector privado.
Durante la discusión legislativa, la diputada Blanca Leticia Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma “golpea al comercio exterior, criminaliza a los agentes aduanales y empodera a una autoridad sin contrapesos”. La legisladora cuestionó además la falta de medidas que fortalezcan la transparencia en los procesos internos de vigilancia.
Contexto reciente agrava la percepción empresarial. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra una red de funcionarios y marinos implicados en el contrabando de combustible, lo que pone en tela de juicio los actuales esquemas de control aduanero. En septiembre, la FGR informó cómo millones de litros de combustible ingresaron al país como aditivos, lo cual permitió su venta ilegal sin pagar impuestos. La trama incluye a funcionarios públicos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado a exautoridades de alto nivel.
Igualmente, el sector privado observa con cautela las implicaciones operativas de la nueva normativa. Si bien se reconoce la necesidad de combatir prácticas ilícitas, algunas voces han manifestado preocupación por un posible exceso de centralización y por los riesgos de discrecionalidad en la aplicación de sanciones.
Con 338 votos a favor y 129 en contra, sin abstenciones, la aprobación refleja un respaldo mayoritario, aunque no unánime, ante una legislación que transforma de fondo la operación aduanera en México y su relación con el sector productivo.
