Códigos de poder
David Vallejo
Un presupuesto también se mide por cómo se gasta. El Paquete de Egresos 2026 revela en qué cree el Estado, qué sectores son intocables, cuáles apenas sobreviven y en dónde se concentra el verdadero pulso de poder. El contraste con 2025 permite ver un mapa más nítido: qué avanza, qué se estanca y qué se dispara.
En educación el aumento es considerable. La Secretaría de Educación Pública pasará de 478 a 513 mil millones de pesos. El crecimiento de 7% luce modesto frente al tamaño del reto, pero se complementa con el FONE (más de 546 mil millones) y con subsidios a universidades estatales. La pregunta no es cuántos recursos se destinan a nómina o becas, sino si ese dinero logrará revertir rezagos estructurales: aulas deterioradas, maestros mal pagados y estudiantes que desertan por falta de oportunidades.
La salud da un giro institucional: 67 mil millones para el Ramo 12 y, sobre todo, la irrupción del IMSS-Bienestar con 172 mil millones. El bloque completo de salud, incluyendo FASSA y seguridad social, rebasa los 300 mil millones adicionales frente a 2025. Nunca antes la fusión entre financiamiento federal y operación local había sido tan visible. El riesgo es que el crecimiento de recursos se pierda en burocracia y no en medicamentos en anaqueles o médicos en clínicas.
La seguridad recibe un aumento de 55 a 60 mil millones en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Apenas un 9% nominal que se evapora al ajustarlo por inflación. El FASP y el FORTAMUN mantienen la línea, pero la brecha es evidente: se gasta más en sostener Pemex que en todo el sistema de seguridad pública federal. El dilema es si la narrativa de pacificación puede sostenerse con recursos que apenas cubren el mínimo.
El contraste más marcado está en energía. El presupuesto de la Secretaría del ramo se duplica, al pasar de 138 a 267 mil millones. Se suma el salvavidas de 263 mil millones a Pemex. El costo de oportunidad es brutal: en un año se gasta lo mismo en rescatar a la petrolera que en toda la educación pública. El Estado sigue apostando a la energía fósil como ancla financiera y simbólica, aun cuando la transición energética aparece solo como promesa.
En paralelo, el gasto social no se detiene. Bienestar pasa de 611 a 675 mil millones, con nuevos programas que amplían la red de transferencias directas. La Pensión Mujeres Bienestar emerge como emblema, y “Salud Casa por Casa” intenta traducir política social en prevención. Es un presupuesto que ratifica la centralidad de las transferencias monetarias como estabilizador político y económico.
La sombra la pone la deuda. El costo financiero crecerá de 1.3 a 1.57 billones de pesos, un aumento de 20% en un año. Es el rubro que más rápido crece, desplazando espacio para infraestructura, ciencia o cultura. Ahí está la señal de alerta: por cada peso adicional en educación, salud o seguridad, hay varios más que se destinan a pagar intereses. El margen de maniobra se reduce y se convierte en la verdadera frontera de la política pública.
El gasto federalizado también aumenta, pero con cautela: de 2.35 a 2.5 billones, apenas 6% más. En los hechos, los estados tendrán menos oxígeno real que la Federación. Esa tensión federalista volverá al Congreso cuando se discuta la distribución de los fondos.
El presupuesto de egresos como lo señalé en la columna anterior, es un espejo de prioridades: la apuesta social se mantiene, la energía se convierte en la gran apuesta económica, y la deuda se erige como la amenaza silenciosa. Frente al optimismo de los ingresos, el mapa del gasto dibuja un país que busca equilibrio entre urgencias sociales, rescates energéticos y la presión creciente de sus compromisos financieros.
El dilema no está en la aprobación legislativa (que se dará con ajustes menores), sino en la capacidad de transformar esos números en resultados tangibles. 2026 mostrará si la expansión del gasto se traduce en bienestar o si se diluye en inercias, pasivos y promesas.
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