Restricciones judiciales a Bolsonaro reactivan tensiones y comparaciones regionales

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es investigado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Entre las disposiciones judiciales figuran el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y la imposibilidad de comunicarse con otros investigados en la causa.

Las restricciones impuestas también incluyen arresto domiciliario nocturno y los fines de semana, además del impedimento de contacto con embajadores y diplomáticos. Las medidas fueron ejecutadas por la Policía Federal en su residencia en Brasilia, donde se incautaron 14 mil dólares. “Son dólares que declaré o serán declarados”, declaró Bolsonaro ante medios locales.

Bolsonaro calificó las acciones judiciales como una “máxima humillación” y aseguró: “nunca pensé en abandonar el país”. Durante sus declaraciones reiteró que el golpe de Estado por el que se lo acusa “no existió” y todo se trata de una “persecución” en su contra.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos revocó visados al juez Alexandre de Moraes y a otros miembros del STF, citando preocupaciones por la libertad de expresión. “He ordenado la revocación de visados para Moraes y sus aliados en el tribunal, así como para sus familiares inmediatos con efecto inmediato”, anunció el secretario de Estado Marco Rubio. Esta decisión fue tomada pocas horas después de conocerse las medidas contra Bolsonaro.

Voceros cercanos al expresidente sostienen que la única salida viable es una amnistía legislativa. “Solo existe ese camino”, declaró Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos, donde se encuentra abogando por su padre ante la administración de Donald Trump. Según fuentes cercanas al expresidente republicano, los aranceles del 50% impuestos recientemente a las importaciones brasileñas también buscan presionar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos hechos generaron comparaciones con otros líderes de la región que enfrentaron causas judiciales mientras mantenían apoyo popular. En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner experimentó un repunte en su imagen pública luego de que la Corte Suprema ratificara su condena por corrupción. Según la consultora Trespuntozero, su imagen positiva subió del 36,3% al 40% tras la sentencia.

Otra encuesta, realizada por CB Consultora, señaló que el 43,1% de los encuestados estaría dispuesto a votar por Kirchner, mientras su rechazo electoral también permanece elevado. En ese contexto, analistas advirtieron que la visibilidad judicial puede reforzar la polarización política, incluso sin revertir el rechazo generalizado.

En el caso brasileño, el STF aún no dictó una sentencia definitiva, si bien medios como O Globo indicaron que podría conocerse entre septiembre y octubre. Bolsonaro enfrenta cargos que incluyententativa de abolición del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, con penas de hasta 43 años de prisión.

Durante 2023, el Tribunal Superior Electoral ya lo había inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, declaró que estas medidas judiciales no deberían interferir en las relaciones comerciales con Estados Unidos y remarcó que se trata de decisiones del Poder Judicial.