Miami (20 de junio de 2025) — A 21 años del asesinato del periodista mexicano Francisco Javier Ortiz Franco, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reitera su exigencia al Estado de México para que ponga fin a la impunidad, rinda cuentas de manera transparente y adopte medidas de reparación integral para la familia de la víctima.

Ortiz Franco, cofundador y editor del semanario Zeta de Tijuana, Baja California, fue asesinado el 22 de junio de 2004 mientras se encontraba con sus dos hijos, quienes presenciaron el crimen pero resultaron ilesos. El autor material del ataque, un hombre armado que se acercó a su vehículo, nunca fue llevado ante la justicia. A más de dos décadas del hecho, el caso permanece impune.

“El asesinato de Ortiz Franco es una tragedia que aún clama por justicia. Exigimos transparencia en la investigación, rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables y una reparación adecuada para la familia”, afirmó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

“La impunidad tiene efectos devastadores: mina la confianza ciudadana, debilita el derecho a la información y perpetúa la violencia contra la prensa. Exigir verdad y justicia es una responsabilidad colectiva, no solo gremial o familiar”, agregó.

En 2010, el caso de Ortiz Franco fue presentado por la SIP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Alianza de Medios MX se unió como representante del caso en 2021. Ese año las organizaciones informaron a la CIDH la decisión de la familia de iniciar un diálogo con los representantes del Estado para evaluar un potencial acuerdo de solución amistosa. Sin embargo, tras cuatro años, las autoridades aún no han respondido formalmente, lo cual ha sido interpretado como una señal de desinterés.

“Han transcurrido 21 años desde el crimen. Diferentes partidos políticos, de cualquier orientación ideológica, han encabezado el gobierno federal, no obstante, hay algo que han tenido en común, esto es, su nula intención de esclarecer el homicidio, de presentar a los presuntos responsables ante tribunales y de brindar justicia a su familia y al gremio periodístico. Mientras tanto seguiremos pidiendo respuesta y luchando por obtenerlas”, manifestó la familia del periodista.

Para Adela Navarro, directora general de Zeta “los asesinos de Francisco Javier Ortiz Franco, aquellos que ordenaron su homicidio, viven con el crimen a cuestas y al margen de la ley. Han sido perseguidos por otros delitos, pero no por el atentado mortal contra el periodista”. Navarro enfatizó que “21 años de impunidad en este crimen contra la libertad de expresión reflejan perfectamente lo que se padece en México: una mezcla de corrupción, el riesgo latente para los reporteros de investigación, la incapacidad para llevar la justicia a las víctimas, la ausencia de compromiso del Estado para garantizar la libre expresión y las condiciones de seguridad para quienes, desde el oficio periodístico, deben ejercerla”.

El semanario Zeta, conocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico en Baja California, ha sido víctima de múltiples ataques. Además de Ortiz Franco, otros periodistas de Zeta fueron blanco de los carteles de la droga.

En 1988, fue asesinado Héctor Félix Miranda, codirector del semanario, cuyo caso también permanece sin resolver pese a haber sido presentado ante la CIDH. En 1997, Jesús Blancornelas, cofundador del medio, sobrevivió a un atentado en el que murió su chofer y guardaespaldas, Luis Valero Elizalde. En marzo de 2004, Ortiz Franco integró un grupo de trabajo convocado por la CIDH para revisar el expediente del asesinato de Félix Miranda. Un mes después, él mismo sería asesinado.

La ausencia de justicia en estos casos envía un mensaje desolador: que se puede atacar a periodistas sin consecuencias. Esta indiferencia institucional no solo priva a las familias del derecho a conocer la verdad, sino que también alienta nuevos actos de violencia contra quienes ejercen el periodismo.

La campaña de la SIP “Voces que reclaman justicia” tiene como objetivo mantener viva la memoria de los periodistas asesinados en las Américas, destacar su legado profesional y exhortar a los Estados a romper el ciclo de impunidad mediante acciones concretas de verdad, justicia y reparación.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.