México enfrenta rezago legal en químicos mientras ONU exige nuevas leyes ambientales

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, pidió a México adoptar una ley general de sustancias químicas y otra sobre plaguicidas altamente peligrosos. La recomendación surge tras identificar vacíos normativos que afectan la gestión ambiental y la protección de derechos humanos en el país.

Durante una conferencia al término de su visita oficial del 9 al 20 de marzo, el experto señaló que, aunque existen avances regulatorios, el país aún presenta pendientes clave. “México ha hecho avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental y es vital que el país continúe en esa senda, pero le falta una ley general de sustancias químicas, así también falta una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos“, expuso.

El especialista explicó que el desarrollo de estas leyes debe integrarse con estrategias públicas en distintos plazos. Según indicó, ese marco normativo “debe ir acompañado por políticas públicas de corto, mediano y largo plazo”.

Además, enfatizó en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y mejorar la coordinación institucional. “Es urgente que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de coordinación entre autoridades a nivel federal, estatal y municipal, especialmente entre las autoridades de salud y ambientales”, apuntó.

A lo largo de su visita, Orellana sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, representantes del sector privado, organizaciones civiles, comunidades afectadas, académicos y periodistas. También recibió 42 contribuciones escritas relacionadas con la gestión de sustancias peligrosas en al menos 20 estados del país. Como parte de su evaluación, recorrió entidades como Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.

El Relator señaló que sus observaciones son preliminares y formarán parte de un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el transcurso del año. En este contexto, reconoció el papel de México en la agenda internacional, aunque advirtió sobre desafíos internos. El experto afirmó que el país ha mostrado liderazgo global en la materia, “pero debería abordar la distancia entre este liderazgo global y los retos que enfrenta el país a nivel interno“.

Entre los puntos señalados, Orellana manifestó preocupación por la expansión de áreas afectadas por contaminación industrial. Indicó que han proliferado “zonas de sacrificio a lo largo del país con motivo del crecimiento industrial”. También consideró relevante el reconocimiento gubernamental de estas problemáticas mediante la creación de regiones de emergencia sanitaria y ambiental.

Sobre estas acciones, sostuvo que deben traducirse en medidas concretas orientadas a la justicia ambiental. Asimismo, destacó la importancia de utilizar evidencia científica en la formulación de políticas públicas. En sus palabras, “resulta clave que las evidencias de estos estudios científicos informen una política pública orientada a asegurar los derechos fundamentales de las personas”.

El informe preliminar también abordó el aumento en la importación de residuos bajo esquemas industriales. Orellana explicó que México ha incrementado estas prácticas “bajo el rótulo algo eufemístico de coprocesamiento, estos residuos son quemados como combustible barato para la industria”. En ese sentido, advirtió que esta dinámica “externaliza los reales costos ambientales y de salud. En definitiva, el combustible barato resulta caro para la salud de la gente“.

Finalmente, el Relator recordó que la exposición a sustancias tóxicas sin información previa constituye una problemática global con implicaciones en derechos humanos. Señaló también que muchas personas enfrentan riesgos ambientales sin mecanismos adecuados de protección o conocimiento.