Por José Luis B Garza

Presentación y reconocimiento

En un momento en que la presidencia de Estados Unidos expande sus márgenes de acción de manera acelerada y selectiva, las reflexiones jurídicas adquieren un valor que trasciende la academia  y se convierten en instrumentos de defensa democrática.

Los textos que aquí se presentan, escritos por Tino Cuéllar, destacado jurista, ex ministro de la Suprema Corte de California, actual presidente de la Carnegie Endowment for International Peace, quien ademàs, a partir de junio asumirá funciones estratégicas en la Stanford University, iluminan rutas legales concretas para contener los excesos de una administración presidencial crecientemente parcial.

Pero, para quienes hemos vivido, estudiado y trabajado en la frontera de Texas con México, debemos reconocer  a quienes producto de su perseverancia y dedicación, sin omitir una excepcional inteligencia, que es un sello familiar, pueden convertirse en un verdadero orgullo fronterizo.

Tino Cuéllar nació en Matamoros, Tamaulipas, y se formó, académicamente en su adolescencia en la High School de Brownsville, Texas, Cuéllar combina una mirada binacional con una lectura fina del constitucionalismo estadounidense. Sus análisis —publicados en Yale Law Journal Forum y Emissary— no sólo diagnostican la concentración del poder ejecutivo bajo la administración Trump, sino que ofrecen claves prácticas para que tribunales, gobiernos estatales y sociedad civil reactiven los contrapesos legales del sistema democrático.

A continuación, su último ensayo esbozando sus recientes publicaciones en prestigiadas revistas académicas. (Traducido al español)

Estimado colega:

En Estados Unidos, los límites del poder presidencial están cambiando en tiempo real, generando consecuencias que comienzan en Washington y se extienden por todo el país y más allá de sus fronteras. En dos textos recientes reflexiono sobre estos cambios y sus implicaciones en un momento clave para la democracia estadounidense y el orden global.

En un artículo publicado esta semana en el Yale Law Journal Forum, titulado “La nueva adjudicación presidencial”, sostengo que la presidencia estadounidense ha comenzado a asemejarse cada vez más a un tribunal unipersonal, en el que el presidente —con el respaldo de asesores clave— actúa como juez, jurado y fiscal. Las consecuencias y los riesgos, en algunos casos, ya nos resultan familiares: Coerción sobre empresas y personas, cambios caóticos de política pública como los relacionados con los aranceles, y decisiones arbitrarias.

El problema no comenzó con la administración actual, y cierto grado de “adjudicación” presidencial es difícil de evitar en el sistema estadounidense. Sin embargo, múltiples fuerzas, tendencias y estrategias han convergido para llevar el poder presidencial mucho más allá de lo que probablemente imaginaron los padres fundadores: El creciente papel del gobierno federal en la economía y la geopolítica; la erosión de la supervisión del Congreso; una forma de hiperpolarización que diluye la confianza en instituciones neutrales como los medios de comunicación, las fuerzas armadas y el servicio civil, que antes podían haber contenido a una presidencia desbordada; y decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que han reforzado el control presidencial sobre el gobierno federal y las agencias independientes.

Aun así, el derecho y la democracia estadounidenses todavía pueden limitar el poder presidencial sin vaciarlo de la autoridad que a menudo necesita para ser eficaz. Los tribunales pueden adoptar medidas específicas —algunas de las cuales ya están comenzando a toma— para fortalecer los contrapesos frente a acciones presidenciales arbitrarias. Por ejemplo, pueden distinguir entre decisiones ejecutivas en materia de política exterior y asuntos internos, y establecer límites a la idea, creada por los jueces, de que en general se presume que el poder ejecutivo actúa conforme a la ley. A medida que los jueces tomen en serio los límites al poder presidencial establecidos en las leyes y en la Constitución de Estados Unidos, los gobernadores y la sociedad civil también pueden actuar para garantizar que la Casa Blanca rinda cuentas.

El segundo texto, “La rendición de cuentas federal y el poder de los estados en una América cambiante”, publicado en Emissary, explora cómo estas dinámicas se manifiestan en la práctica a través del análisis de las operaciones de ICE en Minneapolis. Los estados conservan suficiente independencia para informar al público cuando altos funcionarios federales tergiversan los hechos y —cuando corresponde— para investigar y procesar a agentes federales que exceden su autoridad. Este artículo muestra cómo funciona realmente el federalismo cuando los gobiernos estatales y locales resisten las prioridades federales, así como qué límites (legales, políticos y prácticos) siguen operando incluso cuando el poder ejecutivo se expande.

En conjunto, estos textos subrayan las estrategias y herramientas disponibles para proteger la democracia y mantener bajo control el poder ejecutivo en un momento crítico para el país más poderoso del mundo.

Cordialmente,

Tino Cuéllar

Presidente, Carnegie Endowment for International Peace