Códigos de poder

David Vallejo

La caída de un régimen autoritario abre siempre una ilusión peligrosa. La ilusión de que el poder cambia de manos al mismo tiempo que cae el símbolo. La experiencia histórica enseña otra cosa. El poder real suele quedarse donde estaban las armas, la logística y los resortes cotidianos del Estado. Venezuela entra hoy en ese terreno resbaladizo, donde la frontera entre transición y tutela externa se vuelve difusa.

Existe una razón corta, incómoda y generalmente rechazada. El poder efectivo en Venezuela sigue en manos del chavismo armado, no de la oposición civil. En transiciones duras se conversa con quien puede apagar o encender el incendio, no con quien posee la razón moral. Esta lógica resulta fría, incluso ingrata, pero atraviesa casi todas las salidas de regímenes cerrados en el último siglo.

Desde esa lógica se entiende la presencia de Delcy Rodríguez en la mesa. Su papel responde a utilidad estratégica. Representa continuidad administrativa en ministerios, PDVSA, puertos, bancos y cadenas operativas sin las cuales el país se paraliza en cuestión de días. Funciona además como canal directo con el poder duro, militares, inteligencia y estructuras informales que sostuvieron al régimen durante años. También posee capacidad de entrega inmediata, información, órdenes, firmas, desmovilizaciones parciales. Esa combinación explica su centralidad inicial. Simpatía queda fuera de la ecuación.

Este mismo razonamiento explica la exclusión temporal de María Corina Machado del primer círculo de negociación. Aquí conviene precisión. María Corina concentra legitimidad política y respaldo ciudadano. Carece de control armado, dominio territorial y capacidad logística para garantizar contención inmediata de violencia. En una fase de choque, esa carencia pesa más que cualquier argumento normativo. Existe además un factor estructural. Para el núcleo duro del chavismo, su figura representa un punto de ruptura total. Colocarla hoy en la mesa bloquearía acuerdos mínimos y empujaría a actores armados a posiciones de todo o nada.

Edmundo González ocupa otro espacio en este tablero. Funciona como referencia electoral y figura civil de transición posible. Resulta útil para etapas posteriores. Carece de instrumentos para administrar el desorden inicial. Su rol aparece después del control del incendio, no durante.

Las transiciones reales suelen recorrer tres tiempos. Primero el control del caos, donde se negocia con quienes poseen armas, información y capacidad de daño. Luego el reacomodo del poder, cuando empiezan a incorporarse civiles, técnicos y actores aceptables para una arquitectura institucional básica. Finalmente llega la legitimación, con elecciones, narrativa democrática y representación política visible. Alterar este orden suele conducir al colapso.

Aquí aparece el error emocional comprensible de buena parte de la sociedad venezolana. Creer que, una vez caído Maduro, el mando pasa de inmediato a manos distintas. La realidad opera distinto. Primero mandan quienes evitan que el país arda. Después gobiernan quienes saben administrar. Al final representan quienes logran traducir ese orden en legitimidad.

Esta lectura estratégica conduce a una conclusión incómoda. María Corina queda fuera de la primera jugada, no del tablero completo. Su papel se proyecta hacia la fase de legitimación, no hacia la negociación inicial. Forzar su entrada ahora equivaldría a organizar elecciones en medio de un incendio forestal. El riesgo sería alto y el costo inmediato.

La verdadera señal de alarma aparecería si su figura fuera desplazada de manera definitiva. Ahí sí hablaríamos de una transición sin anclaje democrático y con deriva de tutela prolongada. Mientras su capital político permanezca disponible para la siguiente etapa, el proceso conserva una ventana abierta.

Hoy se conversa con Delcy. Mañana con actores civiles. Pasado mañana con el país. La historia rara vez empieza donde la sociedad desea.

Desde México, este proceso exige una lectura todavía más profunda y menos cómoda. Una transición tutelada en Venezuela reconfigura la relación con Estados Unidos en múltiples planos que se cruzan entre sí. Migración, energía, seguridad, crimen organizado y ahora, de manera explícita, soberanía operativa. El vacío de poder o la fragmentación institucional en Venezuela puede abrir corredores para economías ilícitas, tráfico de armas, lavado de dinero y expansión de redes criminales transnacionales que ya operan entre el Caribe, Centroamérica y territorio mexicano. El narcotráfico observa estas grietas con atención quirúrgica.

A esto se suma una variable nueva y delicada. Si la intervención en Venezuela se normaliza como herramienta legítima de estabilización regional, México queda expuesto a una presión inédita en el marco de su relación bilateral con Estados Unidos. En un contexto de renegociación, revisión o endurecimiento del T-MEC, la tentación de vincular cooperación económica con exigencias de seguridad territorial se vuelve real. La línea entre colaboración y intervención puede empezar a diluirse bajo el lenguaje de combate al crimen organizado, protección de cadenas productivas o seguridad regional compartida.

El riesgo para México no es teórico. Es estratégico. Aceptar precedentes que justifiquen acciones directas en terceros países abre la puerta a escenarios donde la soberanía se convierte en moneda de negociación comercial. El desafío consiste en sostener una política exterior que combine realismo, defensa firme del principio de no intervención y cooperación efectiva contra el crimen transnacional, sin permitir que la agenda de seguridad se transforme en autorización tácita para operaciones externas en territorio nacional.

Venezuela enfrenta el peligro de sustituir una dictadura por una dependencia. México enfrenta el desafío de leer ese proceso como advertencia. América Latina observa. El mundo también. El desenlace dependerá menos de discursos y más de la secuencia correcta. Control, reordenamiento, legitimación. Saltarse pasos siempre cobra factura.

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