Por José López Zamorano
Para La Red Hispana
El panorama de la atención médica en Estados Unidos está experimentando cambios sísmicos, y pocos programas sienten el temblor con tanta fuerza como Medicaid.
Medicaid es financiado conjuntamente por el gobierno federal y los estados y ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a personas con ingresos limitados, incluyendo familias de bajos recursos, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades.
En 2025, más de 85 millones de personas en Estados Unidos están inscritas en Medicaid, lo que lo convierte en uno de los programas de salud pública más grandes del país.
La promulgación del “Grande y Bello” mega paquete fiscal recortará Medicaid en más de 900 mil millones de dólares, el mayor recorte en la historia del programa, además de hacer más riguroso los requisitos para ser elegible a partir de los próximos años.
El Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas (CBPP) estima que, bajo la legislación final, entre 9.9 y 14.9 millones de personas estarán en riesgo de perder la cobertura de Medicaid.
La nueva ley exige que los adultos elegibles para la expansión de Medicaid trabajen, realicen servicio comunitario o estudien por un mínimo de 80 horas al mes.
Expertos creen que este requisito de trabajo perjudicará a los padres, a las personas con discapacidades y a aquellos con otras enfermedades crónicas.
De hecho, dos tercios de las personas de 19 a 64 años que recibieron Medicaid en 2023 trabajaron durante el año, y muchas de las que no lo hicieron estaban cuidando a un familiar o tenían una enfermedad o discapacidad.
La legislación eliminará además los fondos federales para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) que se proporcionaban a la mayoría de las categorías de inmigrantes que viven legalmente en los Estados Unidos.
Los grupos que ya no serán elegibles para la cobertura financiada con fondos federales incluyen a las personas que han recibido protección humanitaria, como refugiados, asilados y ciertas víctimas de violencia doméstica y trata de personas o laboral.
Una disposición en la legislación quitará la cobertura de Medicaid a aquellas personas, en su mayoría de la tercera edad y con discapacidades, que también tienen Medicare, debido a las disposiciones que hacen más difícil obtener y mantenerse inscrito en Medicaid.
Algunas personas también perderán la cobertura debido a los nuevos requisitos que exigen a los inscritos en la expansión que demuestren su elegibilidad cada seis meses (en lugar de anualmente).
Estos requisitos a menudo terminan sacando de Medicaid a las personas elegibles porque no reciben o no presentan la documentación necesaria, o porque el estado no procesa los documentos.
La legislación exige que los estados cobren a las personas que trabajan con ingresos justo por encima del umbral de pobreza, 16,000 dólares al año para una persona, nuevos cargos de copago por muchos servicios cuando van al médico.
Un nuevo “Fondo de Transformación de la Salud Rural” de 50 mil millones de dólares durante cinco años compensará algunas de las pérdidas de fondos de Medicaid en algunos estados, pero los especialistas creen que no se acercará a reemplazar la cobertura nacional estable o los fondos federales a largo plazo.
Los defensores de estos cambios argumentan que son necesarios para controlar los costos y reducir el fraude. Pero sus críticos creen que el nuevo modelo privilegia los recortes sobre el bienestar de las personas más vulnerables.
